Nadie se atrevería a decir que protestar, marchar, trancar, legitima la represión que la Guardia Nacional y de la Policía han desplegado de manera despiadada desde el 1ro de abril de 2017.
La manifestación pacífica y sin armas es el derecho político mas inmediato que tenemos los ciudadanos, uno entre otros garantizados por la Constitución Nacional. El gobierno ha impedido, conculcado y violado sistemáticamente nuestro derecho a manifestar, pone impedimentos, barreras físicas, batallones, gas, perdigones, paramilitares, balas, metras, detenciones arbitrarias, asesina, criminaliza la protesta; nos acusa de terroristas, genera desinformación para confundir la agenda de protestas, infunde terror para desmovilizar.
Aún así, a pesar de todas esas arbitrariedades, abusos y violencia, nadie se atrevería a decir que marchar hoy, convalida los asesinatos, las lesiones, las detenciones arbitrarias ocurridas durante los meses de protesta. Por el contrario nuestra insistencia en la protesta pacífica desgasta la institucionalidad del represor, lo desnuda y lo erosiona.
El derecho al voto es también un derecho político, que hemos ejercido siempre en condiciones desventajosas, abusivas y arbitrarias. Se nos han impuesto decenas de impedimentos, se nos han conculcado derechos, se han desconocido resultados electorales, hay autoridades presas o en el exilio. Nos robaron el derecho al Referéndum Revocatorio y aún así, en nuestro ejercicio ciudadano, ante la ruptura del orden constitucional que se concretó al desconocer a la Asamblea Nacional a través de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia del 28 de marzo de 2017, nuestra exigencia al protestar siempre fue respeto a la Asamblea Nacional (reconocer los resultados electorales), cronograma electoral (derecho al voto), libertad para los presos políticos (libertad personal, de conciencia, de manifestación) y la implementación de un canal humanitario (derecho a la vida, a la salud, a la alimentación).
Ante la contundencia de las protestas, que además provocaron una reacción tremenda de la Comunidad Internacional, el chavismo inventa un juego político paralelo al reclamo ciudadano, y violando la Constitución, valiéndose del control institucional absoluto que ejerce, de la misma forma que se nos arrebató el Revocatorio, ejecuta un fraude constituyente; y voy a decirlo de una vez, es un fraude no en relación a los vicios en la supuesta selección de pretendidos constituyentes, es un fraude porque no fue convocado por el pueblo, tal como dispone el artículo 347 de la Constitución. Y esto es fundamental tenerlo claro, porque partiendo de allí, ninguna actuación relacionada con ese fraude -entiéndase, ninguna- tiene validez jurídica ni política.
¿Qué pretende el gobierno con el fraude constituyente? En lo personal pienso que el primer objetivo fue imponer una agenda que invalidara la agenda de protestas ciudadana de la oposición.En segundo lugar, sin duda busca dar visos de institucionalidad a la ruptura del orden constitucional y al desconocimiento de la Asamblea Nacional, ya que el discurso del desacato se agotó y la reacción nacional e internacional ante el TSJ ha sido contundente.
Finalmente, busca sacar a la oposición de su terreno más ventajoso, el electoral. Es por ello que se esforzaron en ejecutar el proceso más grotesco y fraudulento que posamos recordar: se violaron las normas y procedimientos electorales, auditorias y para terminar, se anunciaron unos resultados adulterados, que no fueron reconocidos ni por la empresa SmarMatic, ya que no coinciden con los registros de sistema.
El fraude fue ejecutado con la intención de convencernos de que nada hacemos votando, lo cual es falso porque hemos demostrados que con organización y participación masiva podemos superar las trampas y ganar. Para afianzar la idea de la ineficacia del voto, el chavismo ha destituído y perseguido a los alcaldes de oposición y despliega la matriz de opinión "para que elegimos gobernadores si igual los van a destituir". Otra matriz que se ha divulgado es aún más aberrante; "Esos jóvenes no murieron por elecciones regionales". La realidad es que las víctimas de la represión murieron porque la dictadura los asesinó,y vivieron y lucharon entre otras cosas por rescatar el derecho al voto. Antes de que se iniciaran las protestas no se habían convocado elecciones regionales. Elegir gobernadores es nuestro derecho y lo exigimos en las calles.
La convocatoria a elecciones regionales, mas allá de cómo concluya el proceso, es un logro de la presión ciudadana y de la actividad política que desencadenó la presión internacional. Valga decir que todas los pronunciamientos internacionales reclaman elecciones y diálogo, no otra cosa.
El artículo 350 nos obliga a hacer todo aquello a nuestro alcance para restituir la vigencia de la Constitución.
Votar es una de esas cosas por hacer. Votar no legitima el fraude constituyente porque un acto absolutamente nulo no puede ser convalidado. Tampoco convalida la actuación del CNE, muy por el contrario, la evidencia y nuestra participación masiva, el control de cada mesa electoral, de cada voto, de cada acta, tal como hicimos en 2015, obliga al CNE -al chavismo- a reconocernos como mayoría y a legitimarnos ante el mundo, y legitima además nuestras exigencias desde su propio abusivo ejercicio de poder.
La participación electoral no legitima sino a las autoridades electas y a su electorado.
- Ejercer derecho no legitima al opresor, ni convalida abusos, ni exculpa responsabilidades.
- Las elecciones forman parte de las exigencias que motivaron las protestas.
- El fraude constituyente es parte del terrorismo de estado, y no es susceptible de ser convalidado ya que su convocatoria es absolutamente nula.
- Votar es una el artículo 350, desafiando el abuso de poder e imponiendo la mayoría electoral.
